EC.- La drástica medida anunciada por el Partido Popular de expedientar y expulsar de la organización a los militantes imputados por un juez, aún sin sentencia, empieza a ser matizada después de la exculpación de Francisco Camps.Así al menos se empieza recoger en la enmienda clave que será debatida en el próximo congreso y que propone que no baste para abrir expediente con que “se tenga conocimiento de la existencia de una imputación judicial”, sino que haga falta “una sentencia condenatoria, aún cuando no fuera firme”.

La ponencia de estatutos que llega al XVII Congreso convocado en Sevilla para los días 17, 18 y 19 de este mes fue redactada por el presidente de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra; el presidente del gobierno autonómico de Cantabria, Ignacio Diego, y la presidenta del PP en Cataluña, Alicia Sánchez Camacho, pero antes de que Camps fuera declarado inocente por el jurado popular.

El texto original dice textualmente que se procederá a expedientar a todo afiliado que incurra en cualquier forma de corrupción en el ejercicio de un cargo público “desde el momento en que se tenga conocimiento de la existencia de una imputación judicial de un afiliado”. En la justificación de la citada enmienda para exigir una “sentencia condenatoria”, se dice que la redacción de la ponencia es “defectuosa”.

“La imputación judicial se produce desde un primer momento en que el juez o magistrado cita a declarar en calidad de imputado a un afiliado, precisamente para poder preservar su derecho de defensa y quede garantizado el principio de inocencia”, sostiene la enmienda que, llegó a Génova al filo del cierre del plazo fijado para registrarlas y tres días después de la absolución de Camps.

De haber regido los estatutos propuestos para el debate en el congreso, el PP tendría que haber expedientado al ex presidente de la Generalitat desde que resultó imputado en el caso de los trajes. Ahora se le abría aplicado el punto C del mismo texto: “En caso de sentencia absolutoria o auto de sobreseimiento, aunque no fueran firmes, se revocará inmediatamente cualquier medida cautelar o sanción que hubiera podido acordarse”. Obviedad aparte, la ponencia agrega que “el partido reparará al afiliado, por los medios a su alcance, los perjuicios que éste hubiera sufrido a consecuencia de la medida cautelar o sanción que hubiera sido adoptada”.

En el mismo paquete de enmiendas a ese punto de la ponencia de estatutos se incluye la supresión del punto C por innecesario una vez que se pide “sentencia condenatoria”.

Los 3.172 compromisarios que participarán en el XVII Congreso Nacional del PP han remitido a la sede central del partido un total de 1.500 enmiendas a las cinco ponencias que se debatirán en la gran asamblea. La de estatutos es la que más alternativas, matizaciones o críticas suscita: exactamente 408. La de política exterior y Europa se queda con 190 mientras que la de política llegaba a 295 y la de economía a 293.

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