| Otura: Las dos caras de un Consistorio |
| Viernes, 25 de Febrero de 2011 19:38 | |||
 Jesús Cascón.- El ayuntamiento de Otura está inmerso en una guerra abierta y declarada entre su alcalde y el secretario municipal. Tras las denuncias del primero y la suspensión de sus funciones del segundo, fue readmitido por orden judicial y ahora pide días de asuntos propios. El pulso continúa, y andaluces.biz ha accedido a toda la documentación que lo ilustraCuesta trabajo creer que un alcalde pueda dejar de lado sus funciones como primer edil de una ciudad para intentar beneficiarse de su cargo para su propio provecho y dar la espalda a la ciudadanía. Desde la aparición de los casos de corrupción en Marbella, este hecho, por desgracia, está a la orden del día. Y tenía toda la pinta de reproducirse en Otura, municipio cuyo estratégico enclave y capacidad de absorción de población lleva subiendo como la espuma desde hace, por lo menos, ocho años. Tanta prosperidad, crecimiento y riqueza acumuladas daba crédito a su alcalde y a su equipo de Gobierno. Hasta la denuncia del secretario municipal del Consistorio. Esta figura funcionarial está dotada de un poder mucho mayor del que se puede creer desde el exterior. Según la legislación vigente, es el Secretario el que da fe de expedientes, contrataciones, oficios y demás documentos legales que emanan de un ayuntamiento y su labor, como se puede comprender, debe ser rápida, agil, metódica y minuciosa. El secretario de Otura, Gregorio Javier Marañón Lizana, decidió hablar, abandonó el silencio para dirigirse a los tribunales y poner en conocimiento lo que él entendía como un reiterado ejercicio de dejación de funciones del alcalde. Con sus denuncias, se evidenciaba que el regidor campaba en Otura como si todo el pueblo fuese su cortijo, y el contenido de las denuncias no es tema baladí. Veamos: emisión de facturas por la empresa de Vivienda y Suelo de Otura sin que se acreditaran las obras o servicios realizados. Contratación ilegal de la gestión recaudatoria del Ayuntamiento de Otura, así como la posible contratación ilegal con una entidad financiera de un contrato de gestión de pagos y financiación por importe de 600.000 euros. También figura la supuesta contratación en fraude de ley de las obras de pavimento, césped artificial e iluminación en el campo de fútbol de Otura, o la utilización de fondos para gastos no permitidos por la ley obtenidos a través de la venta de parcelas y que constituyen patrimonio municipal de suelo. Y como remate, los dos últimos casos "estrella" en el Consistorio: la denuncia del PSOE por negar información a la oposición de forma reiterada y constante, y el uso de fondos del "Plan E" para abonar sueldos, dinero que se restituyó pocas horas después. Tras este aluvión de acusaciones y dada la gravedad de las mismas, todo indica que el alcalde está virtualmente acorralado y que tanto asunto no pasa de largo ante los inquisitivos ojos del electorado. Pero la pregunta que nos asalta es si Ignacio Fernández tiene capacidad para tanta irregularidad, si es cierto que el alcalde se salta a la torera las normas y, como tercera cuestión capital, si todo esto no obedece a una 'vendeta' política. La respuesta, tras investigar y recopilar información, está escrita. Tiene nombres y apellidos e incluso sello municipal. Los datos de la guerra 22 de enero de 2009. Es la fecha en la que se enciende la chispa de todos los conflictos entre alcalde y secretario. En el mismo se evidencia que el nombramiento de Susana Miranda Maillo como interventora accidental no fue plato de gusto de Gregorio Marañón, y en el escrito hay diversas acusaciones, concluyendo con un párrafo que refleja claramente que, en aquellos días, el trato entre ambos ya no era ni siquiera cordial: "le comunico que, con la misma diligencia y celeridad que ha emitido un informe que nadie le ha encargado, realice los correspondientes informes a petición del alcalde, de los siguientes puntos...". Durante un breve periodo de tiempo, las cosas parecen calmarse, no produciéndose retrasos ni demoras en el trabajo del secretariado municipal o, al menos, no hay constancia alguna. Pero, llegado el verano, vuelven los problemas. 20 de agosto de 2010. Tras solicitar la tramitación de unos expedientes (número de salida 2.553) y recibir del secretario como respuesta que desconocía la ubicación de los mismos, el alcalde responde en un escrito, con número de salida 2.555, que "le insto una vez más, y ya son muchas las veces..., para que cumpla con su obligación y no ponga más excusas banales. Sabe usted perfectamente dónde se encuentran ubicados todos los expedientes, ya que están donde los puso y jamás ningún concejal ni la secretaria accidental han cambiado la ubicación de estos expedientes. Es por lo que le reitero que se ponga a trabajar sin más dilación ya que, de otra forma, este alcalde considerará que está usted incurriendo en dejación de funciones", anunciando medidas disciplinarias de proseguir esta conducta. Por cierto, dos días antes, el 18 de agosto, el alcalde comunica al secretario, mediante escrito número 2.551, que queda totalmente prohibido "sacar de las instalaciones del ayuntamiento ningún tipo de documento oficial o expedientes sin el consentimiento de esta alcaldía, ni siquiera llevárselos para seguir trabajando en su casa, como ha hecho según ha dicho usted en algunas ocasiones". 3 de noviembre de 2010. El alcalde solicita al secretario por urgencia aprobar pliego de condiciones para la licitación de la obra del Plan Proteja, y ruego para que invitara a tres empresas constructoras. 8 de noviembre de 2010. Escrito del alcalde remitido al secretario municipal. En el mismo, Ignacio Fernández Sanz no se anda con rodeos y, en el primer párrafo, declara que "esta alcaldía ha tenido conocimiento de su actitud, una vez más malintencionada, al tratar de divulgar y dar información confusa, falsa, errónea y con toda la mala fe, a personas ajenas al Consistorio y a funcionarios a los que no les incumbe dicha información". Acto segido, el alcalde dice que el secretario "está dejando de realizar su labor como secretario titular", por aquello de los atrasos en las resoluciones de los expedientes que les solicitaba el equipo de Gobierno. El alcalde le acusa de "dar información infundada, parcial y manipulada a miembros de la oposición, y presionando presuntamente a funcionarios, entrado literalmente 'a saco' en sus despacho, acompañados de concejales de la oposición para sacarles información". Dice Fernández Sanz que la deslealtad del secretario es "inadmisible, al igual que la campaña de acoso y derribo que ha emprendido contra mi persona y mi equipo de Gobierno, mediante la filtración permanente de información sesgada". Tras enumerar los casos en los que la dejación de funciones (presunta) del secretario está originando graves perjuicios para el pueblo, añade el alcalde que hay que sumar "sus reiteradas y continuas ausencias de su puesto de trabajo, asistiendo exclusivamente unas pocas horas al día". Concluye el alcalde subrayando que el ayuntamiento "no tiene medios de defensa ante tan cruel manera de proceder, porque usted lleva más de tres años haciendo todo el daño posible para que este municipio no progrese". Sigue diciendo que al secretario "sólo le preocupa cobrar a final de mes, a pesar de no cumplir con sus deberes y obligaciones, y los vecinos no le importan lo más mínimo", anunciando la toma de medidas contra el secretario. 18 de febrero de 2011. El alcalde emite un oficio de alcaldía con número de salida 556. Ignacio Fernández solicitó con anterioridad cierta documentación al secretario, pero éste alegó imposbilidad de aportarla en el tiempo que se le solicitaba. En el citado escrito, el alcalde le contesta que ha tenido suficiente tiempo para elaborar lo que se le pide, "con lo cual empieza usted faltando a la verdad. A lo que me refería yo cuando le pedía la documentación no es a la que ya han realizado los técnicos de urbanismo, sino un informe para iniciar el procedimiento de adjudicación por negociado con publicidad y tramitación urgente, informe que debe usted tener modelos del mismo...". Dice el alcalde más adelante que "en ningún caso le he hecho ninguna petición abusiva... lo que ocurre es que usted, durante el día de ayer, se dedicó a abordar a varios funcionarios criticando que este alcalde le haya solicitado que cumpla con su trabajo. Además, si le parece excesivo este trabajo, en vez de protestar por las diferentes áreas, usted debía, como dice la ley..:", y cita Fernández Sanz el artículo 96 de la Ley 30/2007, que indica que si existe complejidad en un expediente, se debe poner en conocimiento del órgano de contratación que hubiese declarado la urgencia". 18 de febrero de 2011. Burofax que remite el secretario municipal al alcalde un día después de su reincorporación a su puesto de trabajo, readmisión que fue ordenada por un juez. En el texto, Gregorio Marañón expone que acudió al trabajo "en gran estado de ansiedad y depresivo, como consecuencia del sólo hecho de tener que permanecer en el mismo, dados los antecedentes del día anterior", añadiendo que es incapaz de sorportar esa situación. Ese es el motivo por el que pidió tres días de asuntos propios, que antes de abandonar su trabajo dejó sus asuntos pendientes en manos de la secretarioa accidental, cerrando el escrito argumentando que "en ningún momento ha sido mi intención obstaculizar la gestión municipal que, por otra parte no se ha producido, sino más bien al contrario, facilitar la misma ya que no me encontraba capacitado". Sobre este escrito y la petición de asuntos propios por estado de ansiedad, llama poderosamente la atención la inexistencia de parte facultativo, algo perentorio en nuestro ordenamiento jurídico para pedir una baja. Como quiera que el secretario no pide baja, sino días de asuntos propios, no se necesita tal parte, pero es evidente que un estado de ansiedad no justifica tal petición. No obstante, el alcalde "pasa" de tener más problemas con el secretario y aplica el axioma de "enemigo que huye, puente de plata". Un funcionario en España ha hecho todo lo posible para ser reintegrado en su puesto y, veinticuatro horas después, pide ausentarse. Curioso. 21 de febrero de 2011. Entrada municipal número 1.240. El secretario municipal solicita le sean concedidos como días de libre disposición (asuntos propios) los siguientes: 22, 23, 24 y 25 de febrero y 2, 3, y 4 de marzo (el día uno de marzo ya lo solicitó con anterioridad y fue concedido. El motivo de esta petición se encuentra en el registro de entrada 1.239, es decir, el anterior. El secretario municipal, Gregorio Javier Marañón Lizana, expone que desde su reincorporación a su puesto de trabajo se encuentra "absolutamente imposibilitado para el desarrollo y ejercicio de mis funciones". Añade el secretario que no puede abordar ninguna tarea intelectual, por mínima que sea. Por estos motivos, el secretario pide licencia de un mes para ausentarse del Ayuntamiento, eso sí, sin derecho a retribución. Resumimos: en el mismo día, el secretario pide un mes de baja y ocho días de asuntos propios. El alcalde accede a todas las peticiones del secretario en un oficio con salida número 581, firmado el mismo día 21. Sigue el alcalde en el mismo escrito contestando al secretario que, al parecer, se quejó de las instalaciones donde habitualmente realiza su labor, indicando que posee las mismas comodidades que el segundo teniente de alcalde, el arquitecto municipal o la edil de empleo, añadiendo que, una vez más, "usted está falseando la verdad. Lo que ocurre es que usted se dedicó ayer más de dos horas a reunirse con dos concejales de la oposición medrando en su despacho, y yendo a los diferentes departamentos a perder el tiempo, en vez de dedicarse a trabajar en su despacho, y no contento con eso hizo un informe en contra de mi persona, que entrega a las 14:59 horas en el registro, hostigando a una trabajadora y no permitiéndole, no siquiera, que pudiera acceder al escrito que me remite a escondidas a las tres de la tarde para que se me haga entrega del mismo". El alcalde insiste en que el secretario conoce cuáles son sus funciones, régimen laboral y demás, e indica que "está tratando de boicotear el trabajo diario, como lleva tres años haciendo, trata de medrar en este ayuntamiento y no quiere trabajar como el resto de funcionarios, porque usted, como siempre ha dicho, ha sido el que ha mandado en este ayuntamiento, y como me dijo en una ocasión, que no se me ocurra ponerle a trabajar en los próximos 15 años". Fernández Sanz, a continuación, acusa al secretario de crear una gran tensión y perjuicio a los intereses de los vecinos, añadiendo que "voy a poner en manos de los sindicatos, la justicia, el ministerio de administración territorial, la subdelegación del Gobierno y todas las administraciones competentes para que se den cuenta de sus malas intenciones, por las que sí que cobra usted cada mes". Incluso, el alcalde cree que la petición de días de asuntos propios es un intento de "dejar a todos los miembros de la junta de gobierno sin poderse reunir, y con el riesgo gravísimo de perder la financiación del plan Proteja". Como comprenderán, el documento no tiene desperdicio. Hasta aquí podemos leer, como se diría en el popular concurso. Una vez revelados estos datos, podemos establecer algunas conclusiones y añadir algunos datos referentes a las amistades de los funcionarios que, en este caso, parecen estar dirigiendo las formas de proceder de alguno de los implicados. Fuentes cercanas al ayuntamiento de Otura han desvelado que el secretario municipal "tiene fuertes vinculaciones con el PSOE e incluso amistad más que notoria con Gaspar Zarrías". No está en el ánimo de esta redacción alimentar sospecha alguna, pero es más que evidente que la oposición en Otura, y más concretamente el PSOE, ha encontrado en el secretario a un filón informativo de calado. Informativo, pero no sabemos si veraz, porque a la luz de estos datos, parece lógico pensar que no es oro todo lo que reluce y que algunas informaciones aparecidas últimamente en la prensa están más alimentadas por la insidia que por la necesidad de sacar la verdad a la luz. Por otra parte, y al margen de todos estos asuntos entre alcalde y secretario, no es de recibo que un primer edil niegue sistemáticamente información a los grupos políticos municipales. Sigue siendo, por desgracia, un ejercicio muy común en nuestros ayuntamientos, pero en este caso, si el alcalde proclama su inocencia en todos los asuntos en los que está acusado y quiere dejar claro su impoluta gestión, debería hacerla más transparente, y la fórmula para ello es la de conceder información a quien la pide. Es más, el propio Fernández Sanz dice en sus edictos que es obligación de los partidos pedir información por escrito. Llegado ese caso, debería dar lo que se le solicita con el mismo apremio que él pide al secretario que cumpla con su oblicación. Una consideración más. Andaluces.biz, ha sido, si no el primero, uno de los primeros que ha publicado información referente a los dimes y diretes de Otura, se ha hecho eco del malestar de políticos del mismo partido, del Partido Popular, para con el alcalde, y hemos escrito ríos de tinta sobre todos los casos que ahora deben dirimirse ante la justicia. Pero a la luz de estas revelaciones documentales, no podemos sino hacer exactamente lo mismo: denunciar la verdad que se derrama de ellas. El secretario, cuanto menos, no está por la labor, se ciega en un pulso mano a mano con el alcalde y no se da cuenta que, por muy funcionario que sea, lo mejor que debe hacer es echar más horas que nadie, porque el ritmo de un ayuntamiento lo marca su trabajo, y taponar asuntos de urgencia y de necesidad no es, ni mucho menos, la actitud que se presume de un trabajador público. Si no está a gusto en su trabajo, puede dejar paso a otros que, a buen seguro, estarían encantados de ocupar su puesto. Al mismo tiempo le alentamos para que siga denunciando lo que estime que es irregular, pero también para que cese en actitudes nada leales con los ciudadanos. Las camarillas, las reuniones y los contubernios no benefician absolutamente a nadie. Los hechos parecen darle la razón a un alcalde que, con la Ley en la mano, tiene más que complicado desenmascarar a quien él considera que no trabaja y que obstaculiza, pero si su recurso final es el pataleo, en este caso no lo ha utilizado, sino que más bien ha optado por plasmar por escrito su constante malestar con el secretario. No nos cabe la menor duda que en este asunto ha de mediar una instancia superior, y no nos referimos a la justicia. Cuando el sentido común desaparece ha de aparecer el que acerque posturas y ponga paz. El que corresponda. Y además, si esta situación tiene que resolverse en las urnas, alguien puede llevarse una soberana sorpresa. La victoria o derrota de Fernández Sanz en los comicios electorales no dependerá de un rifirrafe con el secretario. Dependerá de si ha trabajado o no para Otura y los otureños. Lo demás no es importante para el ciudadano.
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