El nuevo Gobierno cerró el año con la aprobación de un Real Decreto de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público y quiere abrirlo con la adopción de otro paquete de iniciativas que ayuden a reducir los desequilibrios de las cuentas públicas.
La batalla contra una nueva crisis de deuda que dispare la prima de riesgo ocupó de forma casi monográfica el orden del día del Consejo de Ministros del viernes y también lo hará en el que se celebrará el próximo jueves, víspera del día de Reyes. Un ‘regalo’ que nos deja las estimaciones del nuevo equipo económico que calcula que el déficit cerrará el año en el ocho por ciento del PIB, dos puntos más que el tope comprometido ante Bruselas. Un desfase en buena medida debido a los desajustes entre ingresos y gastos de las comunidades autónomas, administraciones que comenzaron a hacer los ajustes pasadas las elecciones autonómicas de mayo.

Aunque para conocer el dato definitivo habrá que esperar al mes de febrero, los titulares de las carteras de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, y de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, han decidido ponerse la venda antes que la herida. Detrás de esta anticipación preventiva está la estrategia de adelantarse a los mercados para evitar que sean éstos, ante la imagen de un Gobierno pusilánime con los recortes, los que tomasen la iniciativa y castigaran aún más a la deuda soberana española.

Cada punto del PIB que se desvíe el déficit público supone 10.000 millones de recortes o ingresos adicionales. En total 20.000 millones a los que habrá que sumar otros 16.500 millones si se pretende cumplir con el objetivo de lograr que en 2012 el desequilibrio de las cuentas públicas se sitúe en el 4,4%, asunto que Mariano Rajoy consideró como prioritario en su discurso de investidura.

Cuadrar las cuentas de 2012 se ha convertido en una obsesión para el nuevo Gobierno. Tanto, que le ha llevado a incumplir uno de sus principales compromisos electorales que pasaba por no aumentar los impuestos. Pero peor que un incumplimiento electoral es el peligro que los constantes ajustes presupuestarios lleven al país a una nueva recesión, escenario que vaticinan todos los analistas.

Sin crecimiento económico no hay creación de empleo y sin empleo no hay reactivación del consumo y aumento de los ingresos. Por eso el Gobierno debe analizar con seriedad si un exceso de frenada conducirá al país a una situación peor de la que partimos. Sería paradójico que los mercados, que han reclamado ajustes, castiguen ahora a los países que con más intensidad los han aplicado. Y el riesgo existe.