La sombra de la duda planea sobre España. Las previsiones de las principales instituciones monetarias para los dos próximos años no son nada halagüeñas y parece que los primeros ajustes llevados a cabo por el Gabinete de Mariano Rajoy, aunque han recibido loas dentro y fuera de la UE, no conseguirán cumplir los objetivos de déficit y tampoco van a servir de palanca para reactivar a la adormecida economía nacional. Por el momento, los mercados permanecen en calma y es cierto que el Tesoro está consiguiendo colocar más fácil y en mejores condiciones la emisión de deuda, pero la recesión para el presente ejercicio es un hecho y, con ella, podría venir de la mano un nuevo aumento del desempleo. No hay duda de que la travesía por el desierto será larga.

El Banco de España anunciaba el lunes que la caída del PIB nacional en este 2012 podría acercarse al 1,5%, lo que supondría un incremento de la tasa de paro que llegaría hasta el 23,4%. Este repunte se traduciría, según los analistas, en otro medio millón más de desempleados; medio millón de personas que dejarían de cotizar, pero que comenzarían a recibir subsidio. Para el presidente de la entidad, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, estas preocupantes previsiones podrían suavizarse siempre que haya actuaciones decididas para llevar a cabo las reformas estructurales pendientes. En este sentido, la reforma laboral, que podría ser clave, dio ayer un paso de gigante tras el importante pacto que alcanzaron patronal y sindicatos sobre la subida salarial -de un 0,5% este año y un 0,6%, en los dos siguientes- que se aplicará en los próximos ejercicios. Finalmente, la CEOE cedió en su intención de congelar los sueldos y logró un acuerdo para potenciar el convenio de empresa frente al sectorial, pudiendo dejar de aplicarlo en lo que se refiere a remuneración, horario, jornada, turnos, funciones y rendimiento. Todavía hay puntos de discrepancia entre los agentes sociales -como puede ser el tema de la indemnización por despido-, pero, haber salvado este escollo, es fundamental para que la negociación continúe por buen camino.

No hay duda de que el principal problema de España y la mayor preocupación de los ciudadanos es el paro. La ansiada reforma podría tener un efecto beneficioso en el mercado laboral, cuyos datos no han dejado de empeorar desde 2008, si se toman la decisiones adecuadas y se adaptan las reivindicaciones de unos y otros a la nueva realidad existente. Es el momento de establecer sólidas bases sobre las que poder construir el futuro. Otro medio millón de desempleados generaría todavía más dudas en los mercados y aumentaría nuestro riesgo de insolvencia. Gobierno y agentes sociales tienen ante sí un reto crucial. De ellos y de su responsabilidad depende que España vuelva a la senda del crecimiento y del empleo.